Intervención al PJ: lo que no se dijo



Se habló mucho pero se dijo poco analizando periodisticamente este tema. 
Pasar en limpio algunos temas clave para no dispersar a la audiencia con exceso de información, que diluye cosas contundentes, es el objetivo de esta columna de análisis leída en el programa "Bien temprano", por La 106.3 FM.

Por Pedro Ariel Lejman

Datos ¿sueltos?


  • Luis Barrionuevo no figura en el listado de interventores judiciales obligatorio para cumplir dicha función, como obliga el Consejo de la Magistratura.

  • La intervención judicial del Partido Justicialista nacional no fue decidida por la jueza María Servini de acuerdo a lo que dicta la reglamentación interna del Poder Judicial. Esto abre la posibilidad de que el fiscal Jorge Di Lello o alguna de las partes interesadas solicite la nulidad del fallo de primera instancia que puso a Luis Barrionuevo al frente.

  • Los interventores judiciales deben estar recibidos de abogados o de contadores o economistas y tener su matrícula al día. Además, deben inscribirse en los listados que arman una vez al mes todos los años el Colegio Público de Abogados y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Ambos organismos deben procurar que la nómina esté balanceada.

  • El fallo que determina la destitución de José Luis Gioja como presidente del PJ tiene una segunda falencia. Tampoco cumple Barrionuevo con el inciso 2 del artículo 225 del Código Procesal Civil y Comercial, que dispone que todo interventor debe ser "ajeno a la sociedad o asociación intervenida", ya que el sindicalista de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA) se considera peronista.

La pregunta del millón


¿Una jueza avezada y de larga trayectoria como Servini desconoce estos puntos elementales?

¿No cabe acaso la pregunta razonable acerca del "poderoso motivo" que la puede haber empujado a semejante aberración jurídica?

Dejo esa pregunta al final de los datos antes compartidos para que se haga la lógica conclusión, así el mensaje es más fuerte, con un periodista que no toma partido, que sólo se pregunta algo lógico. 
Evidentemente, el poder judicial argentino responde a supra intereses muy distantes del derecho y el principio republicano de la división de poderes. Eso es obvio y lo sabemos todos, no podemos pecar de ingenuos.

Ahora, la dejo picando. Una inquietud sincera y sobre todo, preocupante.

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